Libertad religiosa: una apuesta democrática en contextos de conflicto

La región vive un tiempo de profundas polarizaciones. Ello responde a múltiples factores. Los procesos de ampliación de agendas en políticas públicas como respuesta a la movilización de sectores que han puesto sobre la mesa del espacio público ciertas demandas históricamente postergadas, ha sacado a la luz las discrepancias y desacuerdos sobre asuntos que no logran consensos muy claros dentro de la sociedad. Más allá de la profundización sobre mecanismos legales y políticos que extienden derechos y libertades, los ritmos de la sociedad en general para aceptarlos son otros, y ello provoca resistencias, tensiones y retrocesos. Esto va de la mano de las tensiones que se han originado a raíz de una profunda escisión que se sigue ampliando entre algunos gobiernos de turno y la sociedad civil, a causa de la legitimación de prácticas antidemocráticas que -lamentablemente- estamos cada vez más acostumbrados a ver por parte de muchos gobernantes.


Dentro de estos escenarios, las comunidades religiosas asumen muchas veces un lugar decisivo. Podríamos decir que se transforman en espacios catalizadores de conflictos sociales, sea para legitimarlos, atenderlos o resistirlos. Tal vez en el primer contexto que mencionamos -es decir, el avance de agendas de derechos humanos resistidas por diversos sectores-, esto se hace más patente ya que en momentos de conflicto sobre el abordaje de temáticas valóricas, morales y que desafían áreas sensibles, algunas voces religiosas emergen como un campo reactivo, de defensa y resguardo de “lo tradicional”, frente a la novedad que amenaza la estabilidad cosmovisional, ideológica y política de un grupo social. Lo religioso, en estos casos, representa el resguardo de lo conocido y lo naturalizado, a través de la defensa de miradas particulares que se articulan con la de distintos grupos de poder. También pueden transformarse en una pantalla de resguardo para ciertas fuerzas políticas, con las cuales se construyen espacios comunes de movilización, con el propósito de dar disputa al tratamiento de proyectos.


En el segundo caso -donde vemos gobiernos que legitiman prácticas antidemocráticas-, el tipo de vínculo se torna más ambiguo. Por ejemplo, en Brasil, algunas expresiones evangélicas son utilizadas por el gobierno –concretamente por el presidente Bolsonaro- con el propósito de legitimar desde una visión religiosa ciertos discursos o posicionamientos políticos, como un intento por capitalizar –simbólica y políticamente- una de las expresiones religiosas más importantes del país para su beneficio propio. Esto no sólo trae consigo el evidente peligro de imponer una visión particular en nombre de la fe, sino también inscribe un escenario de conflicto con otras expresiones religiosas y grupos de la sociedad civil, tal como lo vemos en el alarmante aumento de la persecución de minorías –especialmente las de matriz afro- o en los casos de violencia transfóbica, justificados desde una defensa obstinada de ciertos grupos cristianos más conservadores.


En síntesis, vemos que lo religioso asume diversos lugares en contextos de conflicto social, siendo utilizado para legitimar políticas represivas desde gobiernos, o ubicarse como marco teo(ideo)lógico para la negación de libertades y derechos. Sin embargo, la experiencia también nos indica que, como otra cara de la moneda, las religiones pueden ser a su vez agentes de paz, promotores de justicia y defensores de derechos. De aquí nos preguntamos: ¿por qué se asumen ciertas posiciones sobre otras dependiendo los momentos y contextos? ¿Qué hace que una religión aporte al bien común y no sea una herramienta de vulneración de derechos? ¿Es lo religioso intrínsecamente opuesto a la construcción de un ambiente democrático, o todo depende de la forma en que se aborde políticamente el asunto?


Como punto de partida, hay que reconocer que lo religioso no es simplemente un campo que se puede utilizar maquiavélicamente por fuerzas exógenas. Aunque no negamos dicho fenómeno, la relación entre lo religioso y lo político presenta características mucho más complejas que lo que una lectura utilitarista arroja. En los tipos de configuración socio-histórica de nuestros Estados y de la propia sociología de la región, debemos destacar que lo político siempre ha tenido una dimensión religiosa, así como lo religioso nunca dejó de ser un fenómeno intrínsecamente político. Más allá de lo que las voces secularistas del mainstream político afirmen desde una mirada liberal y republicana tradicional sobre la separación de esferas, lo religioso siempre tuvo, tiene y tendrá una gran influencia en la toma de decisiones y la construcción de matrices políticas en América Latina. Además, lo religioso dista de ser, como proclaman estas mismas voces, un ejercicio circunscripto sólo en la vida privada. Por el contrario, las creencias tienen un impacto en la vida social, en los mecanismos comunitarios, y con ello en las propias agendas políticas de cualquier grupo. Por ello, el asunto no es “religión sí, religión no”, sino a qué tipo de mirada, voz y grupo religioso estamos apelando.


Lo religioso, entonces, es un asunto público que no debe ser descuidado, precisamente para que transformarse, como vimos, en una herramienta en manos de poderes gubernamentales despóticos o en agentes que colaboran en la reducción de la convivencia democrática y el reconocimiento de derechos. Prestar atención al sano ejercicio de la libertad religiosa y la laicidad del Estado, son asuntos de primaria importancia, más aún en contextos de polarización como el que vivimos.


De aquí la importancia de profundizar nuestros abordajes en torno a la libertad religiosa, no ya como un asunto restringido a las comunidades de fe, sino con un objetivo doble: para redefinir los tipos de relación entre lo religioso y lo público, y además, para tratar con mayor cuidado un asunto que tiene directa relación con la promoción democrática. Como primer elemento, es fundamental saber que la libertad religiosa reconoce el derecho de todas las creencias y se resiste a la imposición de una por sobre el resto, o a la sociedad como un todo. Trabajar en prácticas de libertad religiosa implica romper con el monopolio que poseen ciertas visiones religiosas hegemónicas -especialmente cristianas-, en su intento por naturalizar una posición particular desde su lugar de privilegio. El reconocimiento del pluralismo religioso permite crear espacios plurales de diálogo que dan cuenta de todas las voces que conforman el complejo y vasto campo de las religiones, creencias y espiritualidades, confrontando así todo intento de monopolización.


En segundo lugar, la libertad religiosa en clave de derecho evita que las creencias sean manipuladas para usos particulares y abusivos. La idea de libertad religiosa parte del hecho de que las mismas comunidades de fe son espacios sin un posicionamiento único con respecto a las agendas sociales en disputa, por lo cual ningún grupo puede adjudicarse hablar en nombre del todo. Por ello, se requieren de mecanismos más amplios desde el propio Estado, donde todas las voces sean convocadas para el tratamiento de distintas temáticas sensibles, desde la diversidad de opiniones, perspectivas y prácticas que forman parte del mundo religioso.


Por último, la libertad religiosa reconoce la pluralidad de expresiones, y con ello que lo religioso se inscribe en las mismas tensiones que se juegan en el campo social. Como mencionamos, las religiones viven también disputas internas con respecto a temáticas donde no hay un consenso único, y más aún si hablamos de articulaciones interreligiosas. Por esta razón, lo más justo es reconocer que existen visiones religiosas que apoyan las diversas perspectivas en discusión dentro del espacio público. De aquí que una práctica democrática implica no hegemonizar ninguna posición particular, e identificar y convocar voces para las distintas posiciones en juego.


En resumen, valorar democráticamente la libertad religiosa significa crear prácticas –tanto desde el Estado como desde sociedad civil- que visibilicen la pluralidad de creencias en un grupo social, el aporte de estas comunidades y voces al bien común, y la convocatoria de espacios de diálogo amplios, sin privilegios. Esto servirá a que lo religioso deje de ser sinónimo de populismo, de manipulación, de persecución de minorías y de resistencia a la ampliación de derechos, para ser vista también como un campo que aporta a la pacificación, al diálogo democrático y a la defensa de las libertades.


Por: Nicolás Panotto (Argentina). Teólogo, Magister en Antropología social y política, Doctor en Ciencias Sociales. Coordinador de Otros Cruces




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